En la clase del 9 de enero se realizó la primera exposición de los trabajos en grupo, siendo el primer tema a presentar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas en España.
En primer lugar nuestros compañeros recalcaron como punto de partida la Ley Orgánica 8/1980 de financiación de las CC.AA, donde se establecen como fuentes de financiación de las comunidades los tributos no sujetos a liquidación tales como el de sucesiones o sobre el juego, por ejemplo. Los otros tributos están sujetos a liquidación como el de la renta (un 50% de la cantidad de este impuesta pasa a manos de la C. Autónoma correspondiente).
La distribución de la riqueza tal y como nos contaron se lleva a cabo mediante diversos fondos:
Uno de ellos es el fondo de garantía, que se distribuye por criterios de necesidad como superficie, población y dispersión. Otro tipo de fondo es el de suficiencia global, en el que las necesidades de financiación de las CCAA viene de las necesidades globales restándole la capacidad tributaria de la C. autónoma. El fondo de cooperación, al que se accede si el PIB es inferior al 90% de la media y se tiene una densidad inferior al 50% del nivel medio. Fondo de competitividad es aquel que tiene en cuenta la población de las CC.AA beneficiadas.
Además, España cuenta con dos tipos de sistemas de financiación según la comunidad en cuestión, se trata del régimen foral y el normal. El primero se lleva a cabo en Euskadi y Navarra; en él las comunidades se autofinancian, pagan una cantidad (denominado cupo en el caso vasco y aportación en Navarra) al Estado fijada previamente mediante convenio.
¿Cuál es la conclusión que se puede sacar una vez aprendido todo esto? Llama la atención el carácter sumamente bilateral de las negociaciones entre Estado central y diversas autonomías en la práctica, que ligado a la peor faceta de la condición humana ha conseguido que el sentido del bien común haya desaparecido. Según la Constitución esto no debería ser así, los derechos de los españoles deberían ser los mismos en cada territorio y sin embargo esto no se está cumpliendo, sin consecuencias para las partes responsables de las vulneraciones.
Las ventajas de unas comunidades sobre otras no deben fijarse a puerta cerrada (de entrada la existencia de desigualdades no hará más que fomentar el recelo y el odio) sino que debe primar la cooperación entre todo el conjunto y desear la superación de este conflicto por encima de cualquier interés propio. Un sistema puramente federal podría solucionar el conflicto que lastra nuestra economía y nuestra vida política, en la que reina el chantaje y el abuso de poder. La equidad en cuanto a financiación y representación (creación de un Senado que no sea una Cámara de doble lectura sino una Cámara Alta con funciones legislativas plenas que represente justamente por población) se solucionaría a priori, aunque lo verdaderamente determinante es la predisposición de la ciudadanía y por tanto de las fuerzas políticas; sin esa mentalidad será inasumible un cambio ya que no estaremos preparados para ello. El sistema actual está haciendo aguas y todavía no parecemos preparados para apostar por un cambio, o tal vez sí. Trabajemos para que la predisposición de la ciudadanía a darle una solución pacífica y no corrupta al problema de los nacionalismos regionales se manifieste cuanto antes. La recompensa es la armonía en el funcionamiento y la convivencia dentro de un mismo Estado federal, no los beneficios económicos aprovechando resquicios legales.
En primer lugar nuestros compañeros recalcaron como punto de partida la Ley Orgánica 8/1980 de financiación de las CC.AA, donde se establecen como fuentes de financiación de las comunidades los tributos no sujetos a liquidación tales como el de sucesiones o sobre el juego, por ejemplo. Los otros tributos están sujetos a liquidación como el de la renta (un 50% de la cantidad de este impuesta pasa a manos de la C. Autónoma correspondiente).
La distribución de la riqueza tal y como nos contaron se lleva a cabo mediante diversos fondos:
Uno de ellos es el fondo de garantía, que se distribuye por criterios de necesidad como superficie, población y dispersión. Otro tipo de fondo es el de suficiencia global, en el que las necesidades de financiación de las CCAA viene de las necesidades globales restándole la capacidad tributaria de la C. autónoma. El fondo de cooperación, al que se accede si el PIB es inferior al 90% de la media y se tiene una densidad inferior al 50% del nivel medio. Fondo de competitividad es aquel que tiene en cuenta la población de las CC.AA beneficiadas.
Además, España cuenta con dos tipos de sistemas de financiación según la comunidad en cuestión, se trata del régimen foral y el normal. El primero se lleva a cabo en Euskadi y Navarra; en él las comunidades se autofinancian, pagan una cantidad (denominado cupo en el caso vasco y aportación en Navarra) al Estado fijada previamente mediante convenio.
¿Cuál es la conclusión que se puede sacar una vez aprendido todo esto? Llama la atención el carácter sumamente bilateral de las negociaciones entre Estado central y diversas autonomías en la práctica, que ligado a la peor faceta de la condición humana ha conseguido que el sentido del bien común haya desaparecido. Según la Constitución esto no debería ser así, los derechos de los españoles deberían ser los mismos en cada territorio y sin embargo esto no se está cumpliendo, sin consecuencias para las partes responsables de las vulneraciones.
Las ventajas de unas comunidades sobre otras no deben fijarse a puerta cerrada (de entrada la existencia de desigualdades no hará más que fomentar el recelo y el odio) sino que debe primar la cooperación entre todo el conjunto y desear la superación de este conflicto por encima de cualquier interés propio. Un sistema puramente federal podría solucionar el conflicto que lastra nuestra economía y nuestra vida política, en la que reina el chantaje y el abuso de poder. La equidad en cuanto a financiación y representación (creación de un Senado que no sea una Cámara de doble lectura sino una Cámara Alta con funciones legislativas plenas que represente justamente por población) se solucionaría a priori, aunque lo verdaderamente determinante es la predisposición de la ciudadanía y por tanto de las fuerzas políticas; sin esa mentalidad será inasumible un cambio ya que no estaremos preparados para ello. El sistema actual está haciendo aguas y todavía no parecemos preparados para apostar por un cambio, o tal vez sí. Trabajemos para que la predisposición de la ciudadanía a darle una solución pacífica y no corrupta al problema de los nacionalismos regionales se manifieste cuanto antes. La recompensa es la armonía en el funcionamiento y la convivencia dentro de un mismo Estado federal, no los beneficios económicos aprovechando resquicios legales.
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