La
nueva Ley
de Seguridad Privada (que
se está tramitando en el Congreso) permitirá a los vigilantes privados detener
y hacer identificaciones de ciudadanos/as en cualquier espacio público
con que sólo los órganos responsables de la seguridad privada en cada comunidad
autónoma autoricen la prestación del servicio. Así lo han pactado
Partido Popular y CiU.
Actualmente
esta tarea faculta a los empleados del sector para actuar en el interior de
instalaciones y edificios, polígonos industriales y urbanizaciones de acceso
restringido. Ahora con la nueva modificación lo que se espera es que se
puedan patrullar zonas públicas como la calle preciados de Madrid o la Rambla
de Barcelona, zonas comunes de robos a manos de carteristas por ejemplo. Para ello
únicamente se
necesitará que las empresas de seguridad consigan una “autorización previa por
parte del órgano competente en cada caso”.
Las atribuciones
de los agentes también van a cambiar. Actualmente, la misión de estos es evitar
la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su
protección. Se pretende modificar la ley para ampliar estos poderes y
que se puedan realizar ‘’las comprobaciones
necesarias para prevenir los delitos o impedir su consumación’’, lo que implicará
detenciones por el mero hecho de ser sospechosos de un delito y registros.
En vez
de limitarse, como hacen actualmente, a poner a disposición de las autoridades
a los sospechosos, ahora estos cuerpos de seguridad privada podrán anotar los
datos personales del susodicho
detenido ‘’para
su comunicación a las autoridades’’, como se viene esgrimiendo desde las
fuerzas políticas que han sacado adelante esta ley.
Fuente: elconfidencial.com